Autor: Javier Torres Riesco
Financiación de las Pymes en España
España cuenta con un tejido empresarial muy sesgado hacia las micro empresas, circunstancia ampliamente documentada y que tiene unos efectos negativos sobre muchos aspectos que lastran el desarrollo de la economía española en ámbitos como la formación, estabilidad en el empleo, investigación, capacidad de inversión, etc. Una más de las implicaciones de este reducido tamaño es la dificultad que tienen estas micro empresas para obtener financiación.
Este segmento es particularmente difícil para que las entidades bancarias hagan un buen análisis de riesgo. Las grandes empresas (incluso las medianas) disponen de cuentas auditadas y compensa tener para ellos un analista de riesgo dedicado. Para los particulares los bancos cuentan con la nómina, antigüedad en el puesto de trabajo, información de ficheros negativos (Equifax/ASNEF) y, para operaciones hipotecarias, con la garantía hipotecaria de la vivienda.
Sin embargo, para evaluar la solvencia de un autónomo o de una pequeña empresa, los bancos se tienen que basar en su conocimiento histórico directo del cliente. Es una combinación de tener acceso a la información financiera de la empresa (aunque ésta no sea totalmente fiable), combinada con información de solvencia de sus dueños y de la experiencia histórica en la operativa bancaria: los bancos ven los impuestos que liquida trimestralmente su cliente, las facturas que cobra, etc. En base a toda esa experiencia, cada banco utiliza un modelo simplificado o unas reglas para clasificar la solvencia de su cliente y/o decidir sobre operaciones puntuales o fijar sus límites de riesgo. Pero para las Pymes más pequeñas (las que más abundan en España), los clientes no suelen tener un gestor de riesgos específico (no es rentable para el banco). En consecuencia, no se cuenta con ese acervo de conocimiento próximo personal y cuando esas micro-Pymes necesitan financiación, entonces empieza su ‘calvario’. Esta misma dificultad aparece cuando un acreedor no bancario necesita evaluar la solvencia de un particular.
Si existiese en España un buró positivo orientado a Pymes y particulares, los bancos y otros proveedores como arrendadores de viviendas, prestadores de servicios de telecomunicaciones o suministros tendrían un sistema mucho más sencillo para evaluar su riesgo tanto para los empresarios como los particulares y ello se traduciría en una menor carga por riesgo en sus operaciones de crédito y en una mayor agilidad en la concesión de operaciones. Además, se promovería una mayor competencia ya que actualmente, el cambiar de banco significa tener que empezar ‘desde cero’ en la construcción de una relación de confianza con el nuevo director de la sucursal que te toque.
La existencia de burós positivos para Pymes favorecería también los fondos de titulización de créditos a Pymes ya que, al contar con una calificación crediticia homogénea, sería más sencillo ‘empaquetar’ estos créditos y venderlos en el mercado, lo que a su vez redundaría en una mayor liquidez y, en definitiva, en una mayor oferta de financiación para este segmento de empresas.
¿Qué es un buró?
Un buró de crédito es una entidad (normalmente privada) que facilita a bancos, proveedores no financieros, utilities, etc. información sobre la solvencia de un cliente (particular, Pyme, gran empresa), lo que le ayuda al acreedor formarse una opinión sobre las condiciones con las que puede dar créditos o vender o prestar un servicio con alguna modalidad de pago aplazado.
Los burós suelen ser negativos (por ejemplo, en España el RAI solo recoge información de clientes que han impagado algo) o positivos. Estos últimos se nutren de la operativa ordinaria de un cliente: los propios acreedores actualizan de forma continua su experiencia con su clientela a cambio de poder consultar sobre nuevos clientes o recibir alertas sobre clientes existentes.
Los burós negativos constituyen una valiosa ayuda para la concesión de financiación. En España funciona un buró negativo gestionado por Equifax en asociación con ASNEF, que es la asociación sectorial de entidades de financiación (coloquialmente conocidas como ‘financieras’, como las financieras de coches, financiera del Corte Inglés o Carrefour y las filiales equivalentes de los grandes bancos). Por su foco de negocio, la información existente en ese buró se refiere esencialmente a particulares y, en pequeña medida, a autónomos.
Los burós positivos aportan una información mucho más rica: no estar en un buró negativo no garantiza ser una persona física o jurídica solvente. Y ante la incertidumbre, la reacción de los potenciales acreedores tiende a la cautela. Sin embargo, aparecer en un buró positivo favorece la confianza al tener acceso a la valoración y experiencia que otros acreedores han tenido con la Pyme o particular y que, en la inmensa mayoría de los casos, resulta ser una experiencia muy positiva.
Varios países cuentan con burós positivos, tanto para particulares como para Pymes. Las agencias de rating (como Standard & Poors y Moody’s) prestan un servicio que se asemeja en algunos aspectos al de los burós positivos, pero se centran solo en el segmento de grandes corporaciones. Y a diferencia de las agencias de rating, los burós positivos se nutren esencialmente de la información que facilitan los propios usuarios de sus servicios: esta obligación de dar feed back de sus operaciones con los particulares y las Pymes es la base del modelo de negocio y del valor que aportan estos burós positivos.
CIRBE: El Banco de España gestiona una base de datos donde se registran mensualmente todas las exposiciones de los bancos españoles con sus clientes y allí aparece si algún particular o empresa está en situación de mora. Cada banco solo tiene acceso a la información de sus clientes siempre que tenga operaciones de crédito vivas con ellos y haya remitido previamente información a la CIRBE sobre dicho cliente. Es una información valiosa, pero no tanto como la que ofrece un buró positivo.
¿Como funcionaría un buró positivo de Pymes y particulares en España?
La foto de llegada sería similar a lo que sucede en otros países: los bancos, financieras, emisores de tarjetas de crédito y las fintech serían los principales demandantes y oferentes de información, pero también habría otros agentes equivalentes: grandes facturadores como operadores de telefonía y pequeños o medianos suministradores (gas, electricidad, agua, etc.), arrendadores de viviendas, etc. serían clientes potenciales interesados en recibir información sobre solvencia.
La idea central es que las propias Pymes y personas físicas tienen poderosos incentivos para facilitar su información al buró. El 95% o más de los deudores (personas físicas y jurídicas) son buenos pagadores y saldrían muy beneficiados si se conociese la puntualidad con la que realizan el pago de sus deudas. Además, La Ley de Crédito Hipotecario1, aprobada recientemente, facilita la operativa de la cesión de datos a favor de las empresas de información crediticia y su uso para el análisis de la solvencia crediticia2.
La puesta en marcha es más difícil ya que hay que vencer la resistencia de algunas entidades a cooperar con la iniciativa: si yo ya tengo información sobre mis clientes particulares y Pymes, ¿qué gano yo con compartir esa información para que otros puedan dar créditos a mis clientes? Es como el dilema del prisionero. Sin embargo, muchas entidades financieras apoyarían una iniciativa de este tipo (Bankia, posiblemente BBVA y Santander) y las más reacias acabarían apoyándola cuando vean que la iniciativa va adelante (If you can’t beat them, join them).
En todo caso, la existencia de burós positivos en otros países es la mejor demostración de la viabilidad del concepto de negocio. Esto sucede también en países miembros de la Unión Europea como Alemania3 sujetos, por tanto, a la normativa europea de protección de datos.
Sectorialmente, un buró positivo también es bueno para la industria bancaria: la actual situación de exceso de capacidad, bajos tipos de interés y atonía de demanda de crédito obliga a los bancos a reducir costes. Un buró positivo mejoraría mucho la calidad de la gestión de riesgos de las entidades abaratando, al mismo tiempo, el coste interno de dicha gestión.
¿Como se puede promover un buró positivo en España?
Ya se ha intentado en el pasado, a nivel del sector, pero por el posicionamiento de algunas entidades y las dudas de otras, la fuerza del ‘dilema del prisionero’ se ha impuesto. Quizás faltó cierto impulso o liderazgo público.
Sería un error intentar promover un buró con participación del Estado español. El proyecto nacería lastrado por falta de credibilidad. O bien se impulsa desde el sector privado o no hay proyecto. No obstante, el gobierno sí puede -y debe- impulsarlo dando apoyo político y facilitando, si fuera necesario, un entorno normativo idóneo.
Hay varias empresas en el mundo que pueden jugar un papel clave en la puesta en marcha de esta iniciativa en España: TransUnion4, Experian5 y Equifax6. Estas tres empresas prestan servicios de buró de crédito en varios mercados. Las tres se apoyan en modelos desarrollados por FICO7, especialista en este campo y cuyos modelos de decisión tienen una gran aceptación en EE.UU. Todas son grandes empresas, todas cotizan en bolsa y son especialistas en este campo. Yo me apoyaría en alguna de ellas ya que ello le daría credibilidad inmediata a la iniciativa. Lo importante es destacar que hay suficiente número de especialistas en el mundo como para aprovecharse de la competencia entre ellas. En España, Informa8 (filial de CESCE) podría desempeñar un papel destacado ya que opera desde hace tiempo en el sector de la información empresarial mediante el tratamiento de la información que consta en Registros Públicos. Una vez seleccionado el socio estratégico, los promotores nacionales formarían la empresa que lanzara el servicio. Otra alternativa es que los promotores nacionales seleccionen a una de esas empresas como gestor del servicio, con un mandato de, por ejemplo, 10 años renovable.
Sería necesario construir varios modelos estadísticos, según la tipología de cada grupo de particulares o empresas, para cuantificar la solvencia de cada particular y cada Pyme. El resultado de dicho modelo sería una calificación crediticia (similar a la que otorgan las agencias de rating) que mediría la probabilidad de que en un horizonte determinado de tiempo dicho particular o empresa incurra en un impago. Con el tiempo, la calificación crediticia sería contrastada con la evolución real de los grupos de empresas y particulares calificados de forma homogénea y ello ayudaría a realimentar y refinar / optimizar el modelo. Ello también le daría objetividad a la calificación crediticia asignada a cada cliente y evitaría la dinámica de ‘mi banco no me da crédito a pesar de que mi empresa se lo merece’ ya que al igual de lo que sucede con los conductores, donde una gran mayoría consideran que conducen mejor que el promedio, la mayoría de empresas tienden a pensar que son más solventes que el promedio de su entorno. De esta forma el uso de una calificación externa contrastada con el tiempo permitiría objetivar y hacer transparente la medición de la solvencia de los agentes económicos evitando los perjuicios y el abuso del uso de información asimétrica y reduciendo el nivel de incertidumbre del sistema económico en su conjunto.
La calificación crediticia sería un dato relativamente público, en el sentido de que todo aquel que quisiera conocerlo y que tuviera un interés legítimo podría pagar por obtener la información y por disponer de un servicio de actualización periódica de la misma. De igual forma, cada Pyme y persona física podría -y debería- conocer su propia calificación. En cualquier caso, en este campo existen diversos enfoques y modelos de negocio.
Los problemas de protección de datos quedarían soslayados en la medida de que serían las propias Pymes y particulares los que estarían a favor de que la información sobre la puntualidad en sus pagos fuese divulgada y compartida. Tampoco podría argüirse por parte de los bancos que se trata de información propietaria que no puede ser divulgada: antes que nada, la información a divulgar es la de los propios clientes y si estos quieren que se divulgue (o no se oponen a que se divulgue) los bancos no deberían oponerse.
La existencia de burós positivos ayuda a ordenar la economía al establecer incentivos que promueven una actuación más formal por parte de los agentes económicos, reducen la incertidumbre al mejorar la transparencia, favorecen la competencia y hacen que la economía funcione de forma más eficiente.
[1] Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
[2] Véase el apartado 1 del artículo 12 de dicha Ley. Aunque la finalidad principal del contenido de este apartado sea propiciar prácticas de concesión de préstamos socialmente más responsables, este objetivo es perfectamente compatible con el aprovechamiento de las restantes ventajas que se derivan de disponer de un buró de crédito positivo.
[3] https://www.schufa.de/en/about-us/
[4] TransUnion: http://www.transunion.com
[5] Experian: http://www.experian.com
[6] Equifax: http://equifax.com
[7] FICO: http://www.fico.com
[8] Informa: https://www.informa.es
Autor: Javier Torres Riesco
Técnico Comercial y Economista del Estado;
Ex Subdirector General Adjunto de Grupo Santander