Información ambiental, la gran ausente en los estados de información no financiera. Mucho ruido y pocas nueces

Información ambiental, la gran ausente en los estados de información no financiera. Mucho ruido y pocas nueces 1

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Autores: Quentin Aubineau y Ana Barreira

Ring, ring. Estamos en plena temporada de reporting. Cada año, en los meses de febrero y marzo, las grandes compañías publican sus resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal anterior, junto con sus informes integrados y/o consolidados. En las próximas semanas, esta información se someterá a la aprobación de las juntas generales de accionistas de dichas compañías. Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad en diciembre de 2018, las empresas que cumplen con los criterios establecidos por el articulo 49.5 del Código de Comercio, deben elaborar un estado de información no financiera (EINF). Este EINF debe incluir “la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos a cuestiones medioambientales y sociales (…)” y presentarse en el orden del día para su aprobación durante la junta general de accionistas.

Tras la finalización del ejercicio 2022, las grandes compañías publicarán su cuarto EINF. Si bien la Ley 11/2018 requiere que los EINF incluyan los principales riesgos relacionados con cuestiones ambientales “vinculados a las actividades del grupo” así como “indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta”, en la mayoría de los casos, los EINF carecen de la información ambiental exigida. Es el caso de los EINF de las instituciones financieras como la banca y las aseguradoras. Hay que señalar que con cuestiones ambientales la Ley no solo se refiere al cambio climático, sino que abarca todo lo relacionado con el medio ambiente como es la biodiversidad, el agua y la contaminación, entre otras cuestiones.

En primer lugar, el análisis de los EINF de los principales bancos españoles revela la gran cantidad de datos divulgados en relación con la huella ambiental de su parque inmobiliario. En este sentido, se divulga información muy concreta sobre las materias primas utilizadas en las oficinas, la cantidad de residuos que generan y las medidas de eficiencia energética implementada en sus edificios y oficinas. No obstante, estos datos no son indicadores clave de resultados pertinentes con la actividad financiera de la banca, es decir, de su actividad de concesión de créditos y otros. En consecuencia, esos datos apenas sirven para comprender la evolución, los resultados y el impacto de la actividad del banco respecto a cuestiones medioambientales como puede ser los impactos de su actividad financiera en la biodiversidad o en las masas de agua, ya que gran parte del impacto ambiental de las instituciones financieras procede de sus productos financieros, y no de sus edificios y oficinas.

Por una parte, en materia de divulgación de información sobre el cambio climático, los EINF de las instituciones financieras hacen una clara distinción entre su huella de carbono operacional y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) atribuibles a sus productos financieros. Entre el contenido del EINF se debe incluir “información significativa sobre los elementos importantes de las emisiones de GEI generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce”. Así, la metodología del Greenhouse Gas Protocol en relación con el cálculo las emisiones de GEI de alcance 3 procedente de la cadena de valor de las compañías, abarca 15 categorías, entre las cuales se incluyen las emisiones de GEI atribuibles a las inversiones. A pesar de ello, las instituciones financieras solo reportan como emisiones de alcance 3 las emisiones correspondientes al uso de productos de la empresa, como pueden ser los viajes de los empleados. Es preciso señalar que las emisiones de alcance 3 reportadas son marginales frente a la totalidad de emisiones de GEI que produce la actividad de cualquier institución financiera. Por ejemplo, el informe integrado de MAPFRE correspondiente al ejercicio 2022, que acaba de publicar, incluye información no financiera, pero llama la atención que las emisiones de alcance 3 que reporta (39.957,48TmCO2eq) no incluyan la huella de carbono atribuible a su cartera de inversión (3.354.390,96TmCO2eq), que tiene un valor casi 84 veces superior. Asimismo, la aseguradora indica haberse comprometido a alcanzar emisiones netas cero en sus carteras de suscripción de seguros y reaseguros en 2050. No obstante, no divulga los datos de emisiones de GEI atribuibles a estas carteras, ni “las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio plazo para reducir las emisiones de GEI y los medios implementados para tal fin” como requiere el marco jurídico vigente en materia de divulgación no financiera. Para comprender la situación de las instituciones financieras frente al cambio climático, y lo que implican sus compromisos de descarbonización, es imprescindible que sus EINF incluyan los datos concretos de las emisiones de GEI atribuibles a su actividad financiera dentro de las emisiones de alcance 3, así como las medidas concretas que se implementan para reducirlas.

Por otra parte, los EINF deben incluir información relativa a la protección de la biodiversidad, así como “los impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas”. Sin embargo, los EINF de los principales bancos españoles correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 no incorporaban información alguna al respecto, indicando que no lo consideraban como material a su actividad por la ubicación de sus oficinas en terrenos urbanos. En los de EINF 2021, los últimos publicado a la fecha, si bien Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell reconocían el impacto de su actividad en la biodiversidad, CaixaBank seguía considerando este aspecto no material para su actividad y Bankinter fue el único banco que señalaba “estar trabajando en la medición y evaluación del impacto de la actividad financiera en la biodiversidad”. Cuatro años después de la entrada en vigor, los EINF de la banca española sigue sin cumplir con los requisitos legales, al carecer de datos concretos en relación con los impactos de su actividad en la biodiversidad.

Teniendo en cuenta el papel clave del sector financiero para la descarbonización de la economía, es necesario que las instituciones financieras cumplan con los requisitos en materia de divulgación de información no financiera sobre los impactos ambientales de su actividad. Y más aún con la reciente adopción de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad que entrará en vigor en 2025 la cual es más exigente que la legislación actual en vigor. Sin embargo, como demuestra el contenido de los EINF de las instituciones financieras españolas, no se está cumpliendo con los requisitos actuales, lo que pone en cuestión la capacidad para cumplir con las exigencias de dicha Directiva. En los últimos años han proliferado las métricas e iniciativas internacionales que si bien son útiles para avanzar en el reporting no están sometidas a supervisión.  Al mismo tiempo si no se respeta el marco jurídico vigente en esta materia, todo queda en fuegos de artificio que no servirán para mantenernos dentro de los límites del planeta. Mucho ruido y pocas nueces.

Autores: Quentin Aubineau y Ana Barreira

Ana Barreira 

Ana Barreira es abogada y Directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y en Derecho Ambiental (London University). Fue asesora legal para la Presidencia Española de la Unión Europea de 2002 y ha trabajado como consultora internacional en proyectos del Banco Mundial y de la Comisión Europea. Es profesora adjunta del IE School of Politics, Economics and Global Affairs.

Quentin Aubineau

Quentin Aubineau es abogado especializado en derecho internacional y europeo del medio ambiente. Licenciado en Derecho e Historia por la Universidad de Orléans (Francia), se especializó en derecho internacional y europeo del medioambiente con su Máster en la Universidad de Aix-Marseille (Francia). Actualmente trabaja como abogado ambiental en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).